Domus non habemus

Constitución española, artículo 47:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Lamentablemente, el escenario ideal descrito en nuestra Carta Magna está muy lejos de plasmarse en una realidad tangible. Miles de personas malviven en las calles y plazas de ciudades de toda España sin tener siquiera dinero suficiente para comer.

Caminando a diario vemos recostados sobre cartones y durmiendo en soportales y aceras a personas desnutridas, ajadas, desaliñadas y sucias. Gente que sobrevive a base de migajas, alcohol y de la caridad de algunos buenos samaritanos. Indigentes, a los que la vida, tras largas peripecias, los ha abandonado sin más, abocándolos a morar en parques y plazas. Expuestos al frío a menudo mortal del crudo invierno. Al calor bochornoso del despiadado verano meridional. A la lluvia y al viento. Y, para colmo, también expuestos al vandalismo de salvajes que se divierten apaleándolos, con nocturnidad y alevosía. Valientes que luego se pavonean de sus hazañas ante débiles e indefensos.

Muchos de estos mendigos son ciudadanos españoles que una vez tuvieron familia, amigos, trabajo y salud, y que lo perdieron todo por culpa del alcohol, el juego o las drogas. Personas que se arruinaron y en su descenso a los infiernos se lo fueron dejando todo. Otros son emigrantes, venidos de cualquier parte, que no tuvieron la suerte esperada y se ven sin nada y, peor aún, lejos de su tierra y sin ninguna posibilidad de regresar. También los hay trotamundos que perdieron un día la brújula y nunca más lo volvieron a encontrar. Distinto origen pero similar destino: la calle, la soledad, la vergüenza, la humillación y la perdición.

La mayoría, hundidos en su negra miseria, no ven más allá del alimento que reciben de las casas de acogida y de la solidaridad de los voluntarios que los sostienen cotidianamente. Resignados, bajan los brazos ante su destino. No cuentan con fuerzas suficientes para emprender su regreso a la vida, a la dignidad. Encontrar un trabajo y una vivienda decente para estos hombres es muy complicado, dada su situación. La calle es una universidad que muy pocos admiten en el currículum ajeno.

El Estado, al contrario de lo que ocurre con otros dos derechos fundamentales del ciudadano, la sanidad y la educación, no garantiza, como debiera hacerlo, la gratuidad de la vivienda para las personas imposibilitadas económicamente para acceder a ella. Como mucho, establece una serie de requisitos mínimos (trabajo, familia, etc) en sus promociones de vivienda oficial. Algo insuficiente para los millones de sin techo que existen en España.

Pero hay algo que puede llevar la esperanza a estas personas. En Francia, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que garantiza que los indigentes a los que les es imposible acceder a una vivienda por sus propios medios, puedan reclamarla ante los tribunales. El Estado francés promoverá la construcción de 120.000 viviendas sociales cada año, destinadas a los millones de residentes en Francia que se encuentran en situación de desamparo, mendicidad, habitando en lugares insalubres, etc. Una comisión gubernamental tramitará las peticiones y evaluará las urgencias y necesidades de los demandantes, a fin de evitar aprovechamientos. De este modo, la República Francesa vuelve a situarse en cabeza de las democracias comprometidas con las demandas y necesidades del pueblo.

Ojalá saquen sus propias conclusiones los encargados de la res publica en la piel de toro, y dirijan su mirada hacia el pueblo, soberano, y atiendan sus necesidades en vez de gastar dinero público en naderías y estupideces identitarias que sólo a algunos complacen.


Un brindis por Francia, su República y su Revolución.